El mes pasado me incorporé a la delegación de Gobierno Abierto y Participación, Entidades Ciudadanas y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para el proyecto de implementación, seguimiento y evaluación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. Entre otras cosas me he tenido que poner al día sobre los reglamentos existentes y menos mal que ya tenía algunos conocimientos sobre derecho administrativo y conozco algunas normativas y el lenjuage administrativo, porque de primeras suele ser bastante árido enfrentarse a este tipo de documentos.

El caso es que no he podido evitar reflexionar en torno al tema, porque en un modelo de estado tan sumamente burocratizado como el nuestro, en el que se dan casos de leyes que parecen regular más de lo que deberían, como la 39/2015 y la 40/2015, también proliferan reglamentos de todo tipo. En el tema que nos atañe, los reglamentos de participación ciudadana, tan habituales hoy en día, buscan la progresiva incorporación y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Pero empecemos por el principio. Como en tantos otros aspectos nuestra constitución es ambigüa en este tema y cito: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. No se habla claramente de participación directa, pero tampoco pone obstáculos a una mayor participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas. Es decir, deja en manos de las distintas administraciones la regulación de este derecho, que desde 1979 con las primeras elecciones municipales han ido en mayor o menos medida instaurando los cauces necesarios para articular esa participación.

Nos encontramos en la actualidad con que una gran cantidad de municipios y ciudades tienen un Reglamento de Participación Ciudadana. Por un lado es un aspecto positivo, porque hablamos del soporte normativo sobre el que se articula la política de participación ciudadana municipal. Pero por otra parte, en términos generales estos reglamentos no son indicadores de las posibilidades reales de participación e intervención en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía. Es más, el reglamento tampoco asegura esa participación, que acaba supeditada a la voluntad política.

De alguna forma los objetivos que un Reglamento de Participación Ciudadana se marca no son fáciles de conseguir mientras no exista una voluntad política clara de accionar mecanismos de participación e instrumentos, metodologías o procesos que ayuden en esta labor, más allá de esa estructura formal de participación que conforma el reglamento.