Con la crisis hemos asistido al auge de nuevos modelos de negocio, muchos de ellos enfocados en tener un impacto social y/o medioambiental. A partir de ahí, y aunque estos modelos no son exactamente nuevos, el debate se ha centrado en muchos casos en torno al papel que debe ocupar el beneficio económico en modelos sociales.

No son pocos los ejemplos de empresas sociales que han sido nombradas como casos de éxito en base a su rentabilidad económica, pero ¿debe ser este el único o el mayor indicador de éxito? No debería serlo, puesto que entonces estaríamos jugando en la misma lógica neoliberal que propugnaba falazmente Milton Friedman en su obra Capitalismo y libertad: “puesto que obtener beneficios es la esencia de la democracia, todo gobierno que sigue políticas contrarias al mercado es antidemocrático, con independencia del apoyo popular bien informado del que disfrute”.

En los últimos años se ha producido un fenómeno curioso. Empresas sociales, ONG’s y otro tipo de entidades con objeto social han comenzado a usar las mismas prácticas comerciales que las grandes multinacionales: llamadas teléfonicas para solicitar donaciones, visitas puerta a puerta y otras formas de agresivas acciones. Pero, por otro lado, algunas ha resultado que también tienen unas prácticas cuantos menos dudosas y muy discutibles en cuanto a su política de recursos humanos e, incluso, sobre su fiscalidad y apropiación de fondos, como el caso de Anesvad. ¿Estamos poniendo el foco entonces en el lugar correcto?

La cuestión ya no es sólo cómo se conjuga el objeto social con el beneficio económico, sino si el modelo es abierto o cerrado. Y aquí me agarro a algunos de los principios de la innovación abierta: la colaboración, el acceso a la información, la participación y, sobre todo, la transparencia. Porque sin transparencia es imposible establecer un marco ético y social veraz.


Artículo publicado originalmente en Medium.